Trabajo no declarado, aspectos importantes

Qué se considera trabajo no declarado

La inspección territorial de trabajo dispone de un abanico amplio de sanciones previstas por el Código del Trabajo, con importes que van desde 500 lei hasta 200.000 lei. Entre ellas, las más severas se aplican a los supuestos de trabajo no declarado, una infracción que abarca varias situaciones en las que la relación laboral no se formaliza o no se registra correctamente.

En términos prácticos, se considera trabajo no declarado cuando una persona presta servicios sin que exista un contrato individual de trabajo debidamente firmado, cuando el contrato no se transmite en el registro general de empleados dentro del plazo legal, cuando se trabaja mientras el contrato está suspendido o cuando un empleado con contrato a tiempo parcial realiza horas adicionales fuera de lo permitido.

Los supuestos que concentran las sanciones más altas

La legislación es clara: el contrato individual de trabajo debe firmarse, como máximo, el día anterior al inicio de la actividad. Si la relación laboral comienza sin ese documento o si la firma se realiza con retraso, el empleador entra en el ámbito del trabajo no declarado. Lo mismo ocurre si el contrato no se registra en Revisal a tiempo, ya que la inscripción en el registro general de empleados también debe realizarse, como tarde, el día previo a la incorporación efectiva.

En estos casos, la sanción es de 20.000 lei por cada persona identificada en una de estas situaciones, con un límite global de 200.000 lei. No se trata, por tanto, de una multa única para toda la empresa, sino de una penalización que puede multiplicarse según el número de trabajadores afectados.

El mismo criterio se aplica cuando alguien presta trabajo durante el período de suspensión del contrato, independientemente del motivo de esa suspensión. La norma entiende que, mientras el contrato no está vigente por encontrarse suspendido, no puede desarrollarse actividad laboral en esas condiciones. Si aun así se produce trabajo efectivo, la multa vuelve a ser de 20.000 lei por cada persona, sin superar el máximo acumulado de 200.000 lei.

El caso de los contratos a tiempo parcial

Otro supuesto especialmente sensible es el de los contratos a tiempo parcial. La ley establece que estos trabajadores no pueden realizar trabajo suplementario por encima de lo pactado. Si el empleador permite o exige esas horas adicionales, la infracción también se encuadra dentro del trabajo no declarado.

En este escenario, la sanción prevista es diferente: la multa oscila entre 10.000 y 15.000 lei por cada persona afectada, con el mismo techo máximo de 200.000 lei. La idea de fondo es evitar que un contrato con jornada reducida se utilice en la práctica como una fórmula para ocultar una relación laboral de tiempo completo o para eludir obligaciones legales y salariales.

Por qué estas infracciones tienen un tratamiento tan severo

La gravedad de estas sanciones responde a que el trabajo no declarado no solo afecta a la recaudación pública o al control administrativo, sino también a los derechos del propio trabajador. Cuando la relación no se formaliza correctamente, la persona puede quedar expuesta a falta de cobertura, a problemas para acreditar antigüedad o a dificultades para reclamar derechos vinculados al empleo.

Además, para la empresa, el riesgo no se limita a la multa económica. Una inspección puede derivar en costes adicionales, correcciones urgentes de documentación y un impacto reputacional relevante. Por eso, más allá de cumplir con un requisito formal, registrar correctamente la relación laboral resulta esencial para reducir contingencias laborales y organizativas.

La posibilidad de pagar la multa reducida

Conviene recordar que, según la norma, la multa máxima puede abonarse por la mitad de su importe si se paga dentro de los 15 días posteriores a la notificación. Esta posibilidad no elimina la sanción, pero sí reduce de forma significativa su impacto económico inmediato.

Aun así, el pago en plazo no corrige por sí solo la infracción ni sustituye el cumplimiento de las obligaciones laborales. La empresa sigue obligada a regularizar la situación que haya dado lugar a la sanción y a ajustar sus procedimientos para evitar reincidencias.

Un mensaje claro para empleadores y trabajadores

La normativa sobre trabajo no declarado deja poco margen de interpretación: antes de que una persona comience a prestar servicios, el contrato debe estar firmado y correctamente registrado. Si además existe suspensión contractual o un contrato a tiempo parcial, el empleador debe extremar el control para no incurrir en prácticas prohibidas.

En definitiva, el cumplimiento documental no es un trámite accesorio. Es la base para que la relación laboral quede protegida por la ley y para que ambas partes cuenten con seguridad jurídica desde el primer día.